El Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei, oficializa un nuevo monto para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión llega después de que no se lograra un acuerdo entre los representantes de sindicatos y empresarios en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo.
A partir del 1 de abril, el nuevo salario mínimo se fija en $302.600, con proyecciones de incrementos mensuales que lo llevarán hasta $322.000 en agosto de 2025. Según el Decreto 202/2025, los montos mensuales se establecerán de la siguiente manera: en mayo se ubicará en $308.200, en junio en $313.400, en julio en $317.800 y finalmente alcanzará los $322.000 en agosto.
Por otro lado, también se actualiza el valor por hora para los trabajadores jornalizados, que comenzará en $1.513 en abril y aumentará mensualmente hasta llegar a $1.610 en agosto. La última reunión del Consejo del Salario, efectuada a finales de abril, concluyó sin acuerdos. Fuentes oficiales señalan que "tras un extenso intercambio de opiniones" no se logra un consenso, lo que lleva al Gobierno a tomar esta resolución por decreto, un procedimiento que ya se había utilizado anteriormente en diciembre de 2024.
Los sindicatos piden un incremento del 120%, demandando un salario mínimo de $644.165 para abril y de $657.703 para . Mientras tanto, los empresarios ofrecen cifras más bajas, específicamente $301.500 para abril y $306.500 para mayo, propuesta que queda bastante cercana al monto finalmente establecido por el Ejecutivo.
El Salario Mínimo también actúa como referencia para varios programas sociales, convenios laborales y prestaciones estatales, además de afectar los planes de empleo, asignaciones y becas del Estado nacional. A pesar de la implementación del nuevo esquema, las centrales obreras rechazan esta actualización por considerar que es insuficiente ante la elevada inflación y la deterioración del poder adquisitivo. No obstante, desde el Gobierno se sostiene que el ajuste garantiza previsibilidad y se alinea con la política económica orientada a la estabilidad fiscal.
