La administración de Javier Milei derogó la Resolución N° 187/2025, que se encargaba de regular y auditar más de un millón de pensiones contributivas por invalidez laboral en todo el país. Además, comunicó que se tomará un tiempo para trabajar en la elaboración de un nuevo procedimiento.
Por qué se dio de baja la resolución
Según señaló el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa, la decisión fue tomada luego de detectarse varios casos de fraude, como personas sin una discapacidad certificada, personas privadas de su libertad que continuaban recibiendo pagos y hasta beneficiarios con documentos falsos.
Además, el portavoz presidencial señaló que dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se descubrió un esquema de desvío de fondos públicos y se detectó que un 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos necesarios para acceder a dichos beneficios.
Tras esos hallazgos, la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó “elaborar una nueva propuesta que actualice los criterios técnicos y metodológicos”. Por otra parte, solicitó que la misma esté adecuada a los estándares internacionales en materia de discapacidad y brinde mayor transparencia en la gestión.
El método que fue dado de baja constaba de tres etapas: La primera de ellas consistía en el envío de una carta documento junto a un turno médico que era gestionado a través del PAMI. Como segunda medida, se realizaban controles y entrevistas presenciales que eran llevados adelante por profesionales.
Posteriormente, la ANDIS se encargaba de examinar la documentación y era quien determinaba si la persona podía mantener o no el beneficio.
A pesar de este anuncio, desde la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas aclararon que trabajarán en un nuevo procedimiento que permita corregir las irregularidades, brinde mayor transparencia en el proceso y, sobre todo, no perjudique a los beneficiarios que realmente necesitan del apoyo del Estado.
