En el marco de su plan de desregulación y simplificación del aparato estatal, el Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones normativas que flexibilizan los requisitos para el comercio, fabricación y reparación de armas y municiones en el país. La medida fue formalizada mediante la Resolución 49/2025, publicada en el Boletín Oficial, y firmada por el titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan.
A partir de ahora, los usuarios comerciales del sector, tanto mayoristas como minoristas, talleres y fábricas de armas y municiones, ya no deberán presentar habilitaciones municipales ni reinscripciones ante la ANMaC para operar. Esta decisión, que busca reducir la carga burocrática, beneficiará principalmente a pequeños comerciantes y fabricantes artesanales que producen hasta 1.200 unidades anuales.
¿Qué otros detalles incluye la norma?
La resolución también incluye en esta flexibilización a otros rubros como fábricas de materiales de usos especiales, repuestos de armas, municiones y elementos de recarga, así como talleres de reparación y destrucción de armamento, y entidades de tiro con instalaciones propias.
Sin embargo, las autoridades aclararon que estos usuarios deberán seguir cumpliendo con las condiciones de seguridad establecidas para la guarda y almacenamiento del material controlado. Además, la desregulación no exime del cumplimiento de normativas provinciales y municipales que regulan la actividad comercial en cada jurisdicción.
Según explicó el organismo, la multiplicidad de normas locales en los más de 2.000 municipios del país genera un entramado administrativo que dificulta el funcionamiento del sector. Por ello, el Ejecutivo optó por avanzar con una estandarización de los requisitos a nivel nacional, en línea con su estrategia de simplificación estatal.
En paralelo, se introdujeron cambios en la gestión del armamento decomisado en operativos policiales. Las fuerzas federales de seguridad ahora podrán reutilizar las armas incautadas, siempre que hayan sido entregadas y registradas previamente ante la ANMaC. Estas armas permanecerán almacenadas hasta que el Ministerio de Seguridad determine su destino final.
Además, la agencia quedó facultada para decidir si las armas decomisadas, una vez dictada sentencia judicial firme, serán destruidas o reutilizadas con fines de interés público. En cualquier caso, los materiales solo podrán ser utilizados por las Fuerzas de Seguridad Federales. La medida busca optimizar los recursos estatales disponibles y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
