En Estados Unidos preparan una demanda civil multimillonaria por los perjuicios que generó $Libra, la criptomoneda que difundió Javier Milei. Un estudio jurídico de Nueva York sumó ya más de 200 clientes de la Argentina, EE.UU., Europa y Asia para una eventual “class action”. Se agrega al reporte de “operaciones criminales” que recibió el FBI.
Según consignó La Nación, al “reporte de operaciones criminales” que recibió el lunes el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se agregan ahora las acciones legales que ultima un estudio jurídico de Nueva York.
Según trascendió, el estudio que representa ya a más de 200 clientes, es Burwick Law, especializado en la protección legal de consumidores digitales, y que en las horas posteriores al lanzamiento e implosión de $Libra comenzó a captar afectados de todo el mundo que quieren recuperar el dinero invertido y que los responsables desfilen por tribunales.
No descartan una acción colectiva
“Actualmente, estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”, detalló el socio gerente de la firma, Max Burwick de Estados Unidos. “Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica”, agregó el diario La Nación.
La firma no descartó iniciar una demanda colectiva -“class action”- en una corte civil de Estados Unidos, aunque consideró que es “demasiado pronto” para definir cuál será la estrategia jurídica o el camino a recorrer, lo que dependerá de, entre otros factores, dónde resulte más ventajoso litigar y el devenir de los acontecimientos.
Hayden Mark Davis admitió la comisión de múltiples delitos e irregularidades financieras, como el abuso de información privilegiada, el reparto de activos de manera subrepticia y el ocultamiento de datos a los inversores, entre otros.
Un reclamo judicial podría darse en varios tribunales de distintos países de manera simultánea, lo que dependerá de dónde residan los demandados, dónde ocurrieron los hechos, la ruta del dinero -en particular de los cerca de US$ 107 millones que embolsaron un puñado de operadores- y los domicilios de las víctimas.
