En una decisión judicial que resuena más allá de los tribunales, el Gobierno nacional libertario que encabeza Javier Milei obtuvo un importante triunfo en su creciente disputa institucional con la administración bonaerense de Axel Kicillof. El titular del Juzgado Federal N°4 de La Plata, Alberto Recondo, hizo lugar a una medida cautelar impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación y suspendió los efectos de una resolución de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que obligaba a los encargados de los registros del automotor a recaudar impuestos provinciales.
La resolución judicial representa no solo una victoria jurídica, sino también un mensaje político en un contexto de confrontación creciente entre Nación y Provincia. Por un lado, el presidente Milei se muestra como un defensor del achicamiento del Estado y del respeto a la distribución federal de competencias, mientras que del otro lado Axel Kicillof resiste con una visión intervencionista del Estado, donde los tributos cumplen un rol central en el sostenimiento del aparato público.
Una pelea por el poder de recaudar
El núcleo del conflicto gira en torno a la obligación impuesta por ARBA a los Encargados de los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA) para que actúen como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos. Esta práctica tenía su origen en un Convenio de Complementación de Servicios firmado en 1991 entre el entonces Ministerio de Economía bonaerense y el Ministerio de Justicia nacional.
Pero esa lógica cambió abruptamente el 30 de agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, en línea con su ideario libertario de reducir la injerencia del Estado, denunció y dejó sin efecto todos los convenios de complementación con provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ARBA, sin embargo, reaccionó de manera unilateral: apenas cuatro semanas después, dictó la Resolución Normativa 26/2024 y sostuvo que los registros seguían obligados a recaudar para la Provincia, aún sin el convenio vigente.
Frente a esa situación, el Ministerio de Justicia de la Nación promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia y contra ARBA, cuestionando tanto la validez de esa resolución como, en forma subsidiaria, la de los artículos 39 y 40 del Código Fiscal bonaerense que regulan la materia.
El fallo de Recondo y la interpretación del federalismo
La medida cautelar otorgada por el juez Alberto Recondo, a la que accedió #BORDER, sostiene que ARBA no tiene facultades para imponer unilateralmente esa obligación a funcionarios nacionales, dado que el convenio que lo justificaba fue rescindido por la Nación. En su resolución, el magistrado dejó en claro que, en esta etapa preliminar, la decisión de la Provincia no se encuentra respaldada por el orden legal vigente.
"Los artículos 39 y 40 del Código Fiscal provincial requieren 'controlar el pago' y 'asegurar el pago' de los tributos, pero de ello no se deriva directamente la función de agente de recaudación, que dependía del convenio ahora denunciado", interpretó Recondo.
El fallo del magistrado implicó también una desautorización implícita al dictamen del Fiscal Federal del caso, que había propuesto que la causa fuese tratada por la Corte Suprema por tratarse de un conflicto entre jurisdicciones. Recondo sostuvo que el eje de la discusión —los tributos provinciales y la designación de agentes de recaudación— no implica una controversia constitucional de gravedad institucional que justifique la competencia originaria del máximo tribunal.
Milei-Kicillof: una batalla política con forma de expediente
Aunque se trata de una resolución cautelar, es decir, provisoria, el efecto político es contundente. Javier Milei puede exhibir el fallo como una confirmación de que su administración está dispuesta a hacer valer su autoridad sobre los organismos nacionales y que no cederá ante lo que considera intentos de las provincias de apropiarse de funciones que no les corresponden. Para un presidente que repite como mantra que "el Estado es el problema" y que el mercado todo lo puede, evitar que los registros nacionales sean utilizados como brazos de recaudación tributaria provincial es un símbolo de coherencia ideológica.
En contrapartida, el revés judicial golpea al gobernador Kicillof, quien ha convertido la defensa de la recaudación bonaerense en una bandera de gestión frente al ajuste nacional. Desde la óptica del gobernador, ARBA no hacía más que mantener una función de fiscalización esencial para evitar que se evadan tributos dentro del territorio provincial.
La confrontación entre ambos dirigentes, que ya había tenido su capítulo más mediático con las duras críticas cruzadas durante la discusión por la coparticipación y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, ahora se judicializa y toma cuerpo en una causa concreta.
Qué dice la resolución judicial
En términos jurídicos, la resolución dictada por el juez Recondo no solo suspende la aplicación de la Resolución Normativa 26/2024 de ARBA, sino que reconoce, aunque de forma provisional, la validez del planteo del Gobierno nacional sobre la inconstitucionalidad del accionar de la Provincia.
“Resulta verosímil el derecho invocado por el Estado Nacional, en tanto no puede una norma de una jurisdicción local obligar a funcionarios de un órgano federal sin mediar convenio que así lo disponga”, señala el escrito. La resolución implica que, mientras se discute el fondo de la cuestión, los encargados de los Registros Seccionales de la DNRPA no estarán obligados a recaudar impuestos provinciales ni a remitir información a ARBA.
Desde el Ministerio de Justicia, los letrados Nicolás Olivari y Luis Alejandro Guasti remarcaron que con el avance de la digitalización de trámites a través del Registro Único Virtual (RUV), imponer tareas de recaudación a los registros no solo es ilegal, sino que “desalienta la actividad y expone a los encargados a responsabilidades tributarias indebidas”.
El impacto económico y los próximos pasos
Para la administración de Axel Kicillof, la medida es un golpe duro: la recaudación del impuesto automotor y de sellos representa una fuente de ingresos propios. Si los registros dejan de actuar como agentes de percepción, la Provincia podría enfrentar un descenso en su flujo de ingresos. Aún más, el fallo alimenta el discurso libertario sobre la presunta ineficiencia de los sistemas tributarios provinciales.
Desde el entorno de Kicillof, hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales, pero se espera que la Provincia apele la medida e intente revertirla ante la Cámara Federal platense o directamente en la Corte Suprema si se admite la competencia originaria por la calidad de las partes.
Para el Gobierno nacional, en cambio, la cautelar es una bocanada de oxígeno político. No solo le permite mostrar una victoria institucional sobre un adversario clave, sino que también sirve para consolidar el discurso libertario de que las provincias deben ajustarse a los límites del federalismo y no apropiarse de estructuras del Estado nacional para garantizar su recaudación.
Un conflicto que recién empieza
El fallo dictado en La Plata no cierra la discusión, pero inaugura un escenario de creciente tensión jurídica y política entre el Gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof. Mientras el libertarismo busca consolidarse desmontando estructuras de poder provincial consideradas ineficientes, los gobernadores como Kicillof resisten con una defensa férrea de sus competencias tributarias.
El expediente judicial puede ser el primero de muchos en la pulseada por definir hasta dónde llega la autonomía provincial y hasta dónde puede avanzar la Nación con su agenda de reformas estructurales. Lo que queda claro es que la batalla entre los dos modelos de país —el de Milei, de Estado mínimo y mercado soberano; y el de Kicillof, de intervención estatal y protagonismo provincial— ya no se da solo en los medios ni en el Congreso, sino también en los tribunales.
